Gracias a la manipulación, un hospital público, seriamente dañado

Más de dos años después de que una denuncia anónima por 400 presuntas eutanasias practicadas a pacientes fuera admitida por el Gobierno regional de Madrid para inspeccionar el hospital Severo Ochoa de Leganés y destituir a gran parte de su cúpula médica, el caso ha sido archivado por el Juzgado de Instrucción número 7 de la localidad madrileña. Según el juez, aunque advierte que se realizaron malas prácticas, no puede encontrarse ninguna relación de causa-efecto entre las sedaciones que se realizaban a pacientes terminales y la inevitable muerte de algunos de éstos. Pero este período de investigación casi inquisitorial ha hecho mucho daño a una importante institución pública como es este hospital madrileño. Algo más que razones fundadas mueven a sospechar sobre los intereses ocultos que existieron detrás de esta operación: la privatización de facto que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre está realizando en la rama sanitaria desde que se hiciera con el poder. Nadie pide perdón Entrevistado por la Cadena SER en el programa Hora 14, el doctor Eugenio Montes, que fuera coordinador de Urgencias del hospital cuando estalló el escándalo motivado por la denuncia, declaró estar contento por el archivo del caso, aunque afirmó que ningún responsable de la Comunidad de Madrid le ha pedido todavía perdón por la persecución ejercida por parte de las instituciones regionales contra él. Escándalo, como sea En efecto, el Gobierno autonómico, con su entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, a la cabeza, hizo todo lo posible por elevar a los Tribunales una denuncia de dudosa procedencia; el consejero genovés consiguió, según informó El País, con grandes ardides, evitar que el fiscal jefe de Madrid archivase la denuncia, por lo que ésta se elevó a juicio, con el consecuente escándalo mediático. Parecía claro que se pretendía que existiese un caso a toda costa. ¿Tan preocupado estaba Lamela por la seguridad de los pacientes, o más bien había otras razones más poderosas? En el primer supuesto, ¿por qué se produce el archivo de la causa sólo un día después de que Lamela tomara posesión en otra consejería, la de Transportes? ¿O no eran tan limpias sus intenciones? Golpe de Estado corporativo Por un motivo o por otro, se consiguió que el juicio se llevara a cabo, al tiempo que se procedió a una auténtica caza de brujas dentro del hospital: el doctor Eugenio Montes fue destituido de su puesto y, con él, muchos médicos de prestigio que habían apoyado la presunción de inocencia del defenestrado coordinador de urgencias. Una excusa perfecta para un cambio de cúpula, todo un golpe de Estado corporativo. Un tema propicio Hay que ser muy ingenuo para pensar que Lamela desconocía que el de las sedaciones a pacientes terminales, irregulares o no, es un tema extremadamente delicado y propenso al enfrentamiento y, cómo no, al espectáculo mediático. Con su acción, el consejero de Sanidad activó a los voceros de la COPE y sus satélites, que emprendieron toda una campaña de acoso y derribo contra el doctor Montes (tachado de “Doctor Muerte” por Cristina López Schlichting), el hospital de Leganés –que pasaría a estar lleno de “rojos” y “progres”, deseosos de dejar camas libres a toda costa- y, de paso, contra la sanidad pública madrileña. No en vano, tanto Losantos como Schlichting o César Vidal –especialistas y dispuestos a sentar cátedra sobre todas las materias posibles- están pendientes de ir a juicio por injurias y calumnias contra el que fuera coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa, Eugenio Montes. Claro ataque a lo público Sin poder conocer con exactitud las verdaderas motivaciones de cada uno, podemos concluir que nos encontramos, en el momento del inicio de este caso, con todos los ingredientes para un gran escándalo mediático: un tema que enfrenta a conservadores y progresistas, como es el de la muerte sin dolor y la eutanasia –con una COPE dispuesta a casi todo-, surgido en un campo en el que no es difícil que se cometan importantes errores. Porque ¿dónde no existen malas prácticas? Esta pregunta nos lleva a una de las posibles claves de esta operación por parte del Gobierno regional: un no muy velado ataque a las instituciones públicas que, tuviera éxito o no, dejaría una imborrable mancha en perjuicio de la sanidad pública, detestada, entre otros, por la gran marquesa Aguirre, regidora –ahora, con más fuerza que nunca- de la comunidad autonómica madrileña. Intereses e incluso nombres Esta extrema preferencia del Gobierno regional de Aguirre por la medicina privada se manifestó a lo largo de toda la legislatura anterior. Fue precisamente el ex candidato a la presidencia de la comunidad por el PSOE, Rafael Simancas, quien, hace unos meses, sugirió que detrás de la crisis del hospital Severo Ochoa podría haber intereses económicos. Simancas declaró que la multinacional sueca Capio tenía “los ojos puestos en el hospital Severo Ochoa”. Para el entonces candidato socialista, detrás de la polémica habría una conducta de “amiguismo y sectarismo” por parte de los dirigentes de la comunidad, que pretenderían favorecer a la multinacional sueca, ya establecida en las Fundaciones Jiménez Díaz y de Alcorcón en Madrid, centros en Barcelona y Toledo, así como, en un futuro, en el hospital de Valdemoro. La reforma ultraliberal De todo lo sucedido, lo que no puede negarse es la enorme y gratuita campaña de publicidad que el Gobierno regional ha logrado realizar en contra de una institución pública como el hospital Severo Ochoa de Leganés: una fácil asociación de ideas entre esta institución, la sedación y la muerte puede hacer a cualquiera desistir de llevar a un paciente a este hospital. Todo parece indicar que la conjunción de varios sectores del mundo conservador –los mismos de siempre- ha creado el simulacro perfecto para que la reforma ultraliberal de Esperanza Aguirre siga adelante en Madrid. Y muchos querrán imitarla.