A un lado de la bancada, el liberalismo; al otro, la socialdemocracia con sus distintas corrientes. En la Asamblea de Madrid la primera de las doctrinas ha ganado la batalla de las urnas.Por eso en el segundo día del debate de investidura de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (revalidada con los 67 votos de los diputados populares), se hizo abismal la distancia entre el discurso ultraliberal de la aspirante y el de las portavoces de la oposición, Matilde Fernández (PSOE) e Inés Sabanés (IU), defensoras a ultranza de lo público.
"La mayoría de las personas, de las que la han votado y las que no, no pueden permitirse el deterioro de los servicios de bienestar", le advirtió Matilde Fernández a la presidenta regional. "No desmonte los sistemas públicos que sirven para atender las necesidades de la gente".
Sabanés defendió lo mismo, pero con ejemplos. Entre ellos, habló de la falta de plazas en las escuelas infantiles (y recordó que a principio de curso se quedaron fuera 25.000 niños) o del modelo de construcción y gestión para los nuevos hospitales -está previsto construir cuatro más en esta legislatura- "que hipotecará a la Comunidad durante los 30 años de pago de canon a la iniciativa privada".
Se quedó corta, porque en los presupuestos para este año está contemplado el pago de 776 millones de euros en cánones a las empresas privadas que ofrecen a los ciudadanos servicios públicos privatizados por Aguirre, como los nuevos hospitales, la ampliación de la red de metro, las carreteras, edificios del Ivima o los peajes en la sombra.
La propia presidenta regional reconoció que el debate era, sobre todo, ideológico. Se extrañó de que, en pleno siglo XXI, sus oponentes opongan lo público a lo privado. "Mientras la sanidad y la educación sean universales, gratuitas y de calidad a los ciudadanos les preocupa poco la gestión", argumentó. Por eso, anunció, "el Gobierno regional seguirá colaborando con empresas privadas para ofrecer servicios de cada vez más calidad".
La portavoz socialista, que tachó a Aguirre de ser la única que "está en el pensamiento único", se negó a ser encasillada en la defensa inamovible de lo público. "No defiendo todo lo público, defiendo el liderazgo de lo público", replicó. "El mercado está bien para asignar los recursos económicos, pero no lo ha hecho nunca bien para atender las necesidades de los ciudadanos".
Las tres, portavoces y aspirante, tuvieron un arranque de altura al principio, con los discursos que llevaban preparados, pero se convirtieron en casi soporíferas en las réplicas. Quizá porque para entonces llevaban más de tres horas seguidas de debate. Al espectador se le quedaba la idea de que, por mucho que se explicaran, nunca se iban a entender en lo más profundo. Por eso, se agradecían los intentos de llegar a acuerdos, las muchas iniciativas propuestas -desde una ley para limitar la publicidad institucional a que la Asamblea nombre al presidente de Telemadrid y elija un consejo, sin olvidar los ansiados (por la oposición) debates de la Ley del Suelo y el Plan de Estrategia Territorial- y, sobre todo, las manos tendidas de uno al otro lado para el diálogo.
Hubo hasta lecturas recomendadas. Fernández propuso la de El contrato social, de Jean-Jaques Rousseau: "Entre el débil y el fuerte es la libertad la que oprime y las leyes las que liberan". Era un consejo con crítica añadida: la parquedad legislativa del Ejecutivo del PP. Aguirre, reconocida anglófila, ofreció una cita de Benjamin Disraeli, para atraerse a sus oponentes: "Ningún Gobierno puede estar seguro si no tiene una buena oposición".
Sabanés, la única que se estrenaba en el hemiciclo, se dejó de florituras literarias en su esquema, que alternaba crítica y propuesta. Para Aguirre, otro aviso: "No creemos, ni usted debería creerlo, que las mayorías absolutas tengan nada que ver con las verdades ni las razones absolutas".
Por libre iba el portavoz del PP, Antonio Beteta, que se olvidó del consenso abanderado por todos los grupos y, en lugar de debatir con la oposición, él se montó su guerra particular con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo acusó de transgredir la "lealtad institucional" por reducir la inversión en la región. Pero, pocos le escucharon. Como bromeó un diputado socialista, debía tener un acuerdo con el dueño del bar, porque cada vez que hablaba, se vaciaba el hemiciclo.
Al final, otra vez manos tendidas, que todavía quedan cuatro años para tirarse los trastos.
Matilde Fernández finalizó con un consejo: "Señora Aguirre, con el populismo se puede ganar, nunca se gobierna".
La presidenta se despidió con una promesa de buenas intenciones: "Ser liberal es no ser dogmática. Cambiaré de opinión si me demuestran que estoy equivocada".
Una ley contra el autobombo
La idea la lanzó primero la portavoz de IU, Inés Sabanés pero la asumieron los otros dos grupos parlamentarios, PSOE y PP. Una nueva ley, que discutirá la Asamblea, regulará el gasto en publicidad y las campañas institucionales del Gobierno regional.
Nada más iniciar su discurso, Sabanés propuso un "gran acuerdo para eliminar los excesos en publicidad". Eso incluye "aquella que no tiene como objeto informar, sino vender los logros del Gobierno".
La razón de la propuesta está oculta en los Presupuestos Generales de 2007, que prevén -si se suman diferentes partidas- que el Ejecutivo y las empresas públicas dediquen 162 millones de euros a promoción, publicidad y propaganda. Esto significa un 18% más que en 2006, pese a que el presupuesto ha crecido menos de la mitad (el 6,6%).
También Matilde Fernández, portavoz socialista, traía preparada en su discurso una propuesta similar. "Le planteamos una Ley de Publicidad Institucional, que regule tanto autobombo", lanzó a la presidenta regional. Aguirre se resistió al principio. "Habrá que distinguir entre una campaña de información, de publicidad institucional, como la del ahorro del agua, que es una obligación de todo Gobierno", se justificó. Pero, después, en su última intervención, optó por un tono conciliador y aceptó debatir en la Cámara un proyecto de ley. "Para distinguir entre la información al ciudadano, la promoción institucional y el autobombo", afirmó. "Porque estoy de acuerdo con que se prohíba en una ley
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